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Foto AVN |
Blandín: la necesidad impostergable de habilitar nuestros barrios
Hilda Torres Mier y Terán
Docente-Investigadora. SEU/EACRV/FAU/UCV- CCG (1).
Una nueva tragedia enluta a nuestros habitantes de barrios y a todo el país solidario. El deslizamiento de tierras, acelerado por la estación de lluvias, ha causado el derrumbe de casas y la muerte de una familia entera, en el Barrio Blandín de la carretera Caracas – La Guaira. No es el caso único en la capital ni en el país. El caso de Blandín era previsible, pues se trata de una zona diagnosticada como de alto riesgo geológico. Sus habitantes ya habían sufrido el deslave del año 1999 que dejó centenares de muertes en la ciudad. Se les desalojó antes y entonces, pero no se les compensó con un lugar para habitar. ¿Por qué sufrir esta tragedia?
En el país, no ha habido ni hay una política sostenida de largo aliento para la atención de los asentamientos autoproducidos, pues las políticas tradicionales de construcción de nuevas viviendas populares, aunque necesarias, han estado signadas por la insuficiencia, los costos inaccesibles para la población más empobrecida, aún con subsidios directos y financieros, costos de producción afectados por índices inflacionarios de dos dígitos desde hace más de dos décadas, la exclusión y la falta de reconocimiento del patrimonio construido, de la ciudad producida por los habitantes en su necesidad urgente de vivienda, hábitat y empleo, amén de la disminución del crecimiento y el bienestar. En los últimos años, y hasta el presente, la ideología prevaleciente en las autoridades nacionales destaca la desconcentración espacial, e insiste en la construcción de “ciudades” nuevas, más bien escasos asentamientos de escala vecinal, en periferias y ejes de desarrollo que no lo son, y que dan la espalda a la ciudad metropolitana, fuente de servicios, educación, empleo y esperanza de una mejor vida. La concentración y centralización creciente de recursos y competencias, dificulta otra visión o acción local o regional.
Paradójicamente, las políticas nacionales actuales, replican las más tradicionales pre existentes: una política de subsidio financiero y de carteras compulsivas de préstamos subsidiados, también necesaria para el país, pero de alcance limitado; políticas de “maquillaje”, clientelares y populistas, que permiten refacciones superficiales (arreglo de techos, frisado y pintado), o pequeñas obras de infraestructura desarticuladas con planes urbanísticos comprehensivos; y finalmente producción de nuevas viviendas, limitada por las condiciones de producción pública y privada disminuidas. El programa de “Petrocasas”, viviendas producidas en material sintético por la petrolera venezolana, no ha tenido mejores resultados cuantitativos o cualitativos, y sí algunas críticas desde el punto de vista tecnológico y ambiental. Asimismo el programa SUVI, o sustitución de “ranchos” por viviendas.
Además de otros trabajos pioneros, un precedente y avance en la visión del planeamiento urbano y la política de vivienda popular, fue el Plan Sectorial para los Barrios Urbanos Caraqueños, elaborado en 1994 (MINDUR, 1994), que entre 1999 y 2000 fue implementado y complementado con proyectos de diseño y obras de construcción en barrios de la capital y otras ciudades del país, a través del extinto Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI). Obtuvo el aporte de expertos profesionales en proyectos de diseño, elaborados por primera vez para la habilitación de los barrios, y realizados a través de distintos programas: al inicio, CAMEBA, Banco Mundial – FUNDACOMUN y luego la Ley de Vivienda promulgada en 1999 que reconformaba el sector público para actuar con los programas de atención habitacional, buscando descentralizar y transferir todo tipo de recursos a las gobernaciones y alcaldías, hasta llegar a las comunidades organizadas, con la autogestión y el empoderamiento popular como mecanismo de gestión de proyectos y recursos. Sin embargo en 2001 el cambio de autoridades del CONAVI conllevó a la paralización del Plan y las obras iniciadas.
Hoy, la situación del déficit habitacional se agudiza. Se estima que el déficit funcional de viviendas es de 1.900.000 unidades, con requerimiento de 200.000 unidades nuevas cada año, para poder cubrirlo a mediano plazo. No obstante, la producción de nuevas viviendas en los últimos años arroja un promedio anual de 30.573 unidades hasta 2005, con repuntes en los años 2006 (terminación de 86.293 viviendas, iniciadas en periodos anteriores, de las cuales 58.355 correspondieron al sector público), y en 2007 con 82 mil unidades. En 2008 se completaron unas 23.000 unidades en el sector público para un total de 60.000 viviendas, contando al sector privado. En 2009, la Cámara de la Construcción reporta la ejecución de unas 70.000 unidades del sector privado, pero esperaba una disminución a 44.000 nuevas unidades en 2010, además de unas 26.000 nuevas unidades del sector público. En el primer semestre de este año, ya se reporta la culminación de unas 3.000 viviendas en el sector público.
La meta establecida en el programa Barrio Tricolor de refacciones superficiales, es de unas 50 mil viviendas y ha rehabilitado unas 3.000. El programa SUVI, parcialmente paralizado, entregó en 2006 al menos unas 15.000 unidades. El programa de Petrocasas tiene plantas con capacidad instalada de apenas 18.000 viviendas aproximadamente al año, pero sólo ha materializado unas 500 unidades en el país (y otro tanto en donaciones al exterior). Adicionalmente, entre 2005 y 2007 la administración nacional firmó acuerdos con Irán, China, Brasil, Uruguay, Belarús y Cuba para la construcción e instalación de más de 50.000 viviendas: mientras, se han desembolsado 1,1 millardos de bolívares en estos convenios (unos 250 millones de dólares a tasa oficial), y se han entregado menos de 1.000 unidades terminadas. Las cantidades reflejan la insuficiencia ya señalada.
Entretanto, 51% de la población de Venezuela habita en barrios, y los déficits de vivienda (y de ciudad) aumentan. El costo estimado de la rehabilitación física de todos los barrios del país, a partir del Plan de Habilitación, es de aproximadamente 30.000.000 millones de dólares, en un programa de 15 años, según señalan sus autores (Baldó y Villanueva, 2009), cifra asequible en el presupuesto nacional, pero más de 300 planes y proyectos en barrios se encuentran engavetados. Resulta esperanzador, que gracias al trabajo de tantos pioneros, nuevas generaciones de planificadores y habitantes reconocen la necesidad y la oportunidad de la habilitación física de barrios. En el reciente anuncio de la elaboración de un Plan Metropolitano “Caracas 2020” por parte de autoridades locales, la integración de la ciudad y el rescate de la habilitación de barrios como política estuvieron presentes.
Hilda Torres M.
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(1) Esta reseña está basada parcialmente en el trabajo: Bolívar, T, Hilda Torres e Iris Rosas (2010). "El intento de vivienda para todos desde el Estado venezolano". En: Espinosa, B. y Erazo, J. E. (comp.),
Trabajo y políticas de vivienda en América Latina. Quito: Flacso-Ecuador, Fundación Carolina, pp. 15-30, así como en otras fuentes públicas y privadas de información.
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